APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO
La administración pública mexicana se ha caracterizado por impulsar procesos de modernización institucional en donde valores como la responsabilidad, la lealtad, la sinceridad, el buen gobierno y las plenas acciones que estén en función por construir una gestión pública sólida, congruente y verídica frente a las problemáticas sociales, políticas, culturales y económicas de la república.
El sustento para comenzar a transitar los espacios en donde se dé la democracia, es que el gobierno debe tener como eje central los proceso de transparencia, haciendo de ello una apuesta que activa a la ciudadanía desde su más íntima condición, y así genera toda una serie de propuestas provenientes de la sociedad civil hacia las instituciones públicas (Gutiérrez 2004).
Lo cual deja a merced todo un sistema que tiene como base la organización interna de los procesos de modernización y calidad que se interrelacionan con los tópicos presentes en la democracia, gestando así indicadores y niveles de decisiones y acciones afirmativas que se articulan con las nociones de la nueva gestión pública (Ramió Matas 2001).
Los resultados empíricos sobre los niveles de confianza que tienen los ciudadanos mexicanos en campos como la transparencia, la rendición de cuentas, el uso de los recursos públicos, demuestran la falta de búsqueda de alternativas que incentiven desde adentro la participación crítica de los ciudadanos con las instituciones del momento, lo cual facilita que se presencie un ambiente álgido en relación con los efectos organizacionales en las reformas que se produjeron sobre el aparato de gobierno y aclara el papel que la transparencia juega en este contexto.
“La nueva gerencia pública sugiere crear gerentes facultados para atender y administrar un asunto público con mayor velocidad y eficiencia de lo que podrían hacerlo, de manera que los procesos administrativos impidan la corrupción, el clientelismo y la prácticas indebidas de la política” (Vergara 2007:29).
La necesidad de buscar procesos que constituyan los mecanismos de participación ciudadana en México alrededor de los canales institucionales, hace de la transparencia y la rendición de cuentas formas de materializar y mostrar resultados que estén ligados a canalizar la relación entre el Estado y la ciudadanía y con ello activar los espacios de divulgación, socialización, comunicación y debate sobre la formas en cómo se utilizan los recursos públicos, las funciones de los servidores públicos y la relación entre la oferta y la demanda en campos como la salud, la seguridad, la educación, la alimentación entre otros.
Por ello, las cosas son más complicadas. La transparencia es una recién llegada a la reflexión y a la práctica democrática. Como señala Merino:
Hay que reconocer que el principio que está detrás de la idea de la transparencia se desprende del desarrollo de la democracia liberal. “Nadie sensato, en nuestros días, podría diferir de la importancia que tiene el acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para incrementar la calidad de la democracia y para afirmar la capacidad de control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público” (Rivera 2008:10)
Al mismo tiempo la convicción política de instituciones como la Secretaría de Hacienda, hace que los centros de información públicos se conviertan en espacios para construir reivindicaciones democráticas que garanticen propiamente un espacio político y crítico que pueda explicar las dinámicas globales en donde la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel crucial en la configuración de los sistemas políticos en las democracias latinoamericanas, razones que ameritan la implementación de modelos a través de las políticas públicas con el fin de que contribuyan a los procesos administrativos, de planeación y a las estrategias en el sector privado y estatal de los países.
Para el caso mexicano encontramos que apuesta por sustituir el manejo burocrático tradicional de los asuntos públicos por una administración de corte gerencial, que tome en cuenta y utilice las técnicas y estrategias administrativas desarrolladas en el sector privado. Segundo, utilizar, en la medida de lo posible, los mecanismos de mercado para la solución de asuntos públicos. Tercero, incluir una visión de “calidad” en los servicios públicos, lo que implica entender al ciudadano como un usuario o cliente al que se debe dejar satisfecho. Detrás de estos cambios lo que subyace es una transformación en la concepción del papel administrativo y organizacional del Estado; tienen gran relación con las tendencias de la era de la modernización institucional, la eficacia administrativa y la eficiencia en las estructuras que deben buscar generar diseños en pro de mejorar los servicio públicos, la aplicación de la leyes y el respeto por los derechos de los ciudadanos. (Christiansen y Leagrid, 2001 citado por Vergara, 2007).
Es por ello que la visión que existe en la actualidad sobre los problemas del erario público residen en dos frentes, el primero, buscar ampliar los procesos de democratización al interior y exterior de las instituciones; dos, en gestionar desde los servidores públicos canales propicios entre ciudadano – Estado para así establecer posibles estrategias entre la gubernamentalidad, las políticas públicas y la legitimidad de los sujetos en comunidad.
Para el caso mexicano encontramos que las estructuras rígidas que han sido asunto más político que público, han generado toda una serie de diatribas con respecto a la funcionalidad profesional, la burocracia resignada y la falta de innovación endógena desde las instituciones públicas, para así dejar en entredicho los factores originarios de las incongruencias entre Estado - Ley - ciudadano.
De esta forma, la apuesta en buscar acciones comunicativas (Habermas 2007) es parte del repertorio que se debe comenzar a debatir al interior de las entidades gubernamentales, en donde problemas como la violencia, la corrupción, la hambruna, los conflictos ambientales, la crisis económicas sean de interés público, y con ello se pueda contrarrestar la negligencia burocrática y la falta de utilidad institucional en la esfera de lo público.
Las estrategias de buscar en las políticas públicas posibles soluciones para los problemas de retroceso político y jurídico en las instituciones mexicanas hacen parte de las herramientas que se encaminan a buscar “avances teóricos, conceptuales y metodológicos que generen una amplia discusión sobre la disciplina, el método y la función social que trae consigo las dinámicas y debates contemporáneos, la productividad y la rentabilidad al interior de la jerarquía institucional mexicana” (Figueroa 2014:22).
Sin embargo, la democracia en su concepción positiva debe encaminarse en ser congruente con los intereses jurídicos de la nación, y crear toda una red de comunicación para contrarrestar fenómenos que hacen parte de la cultura política de un territorio, ya en México debido a la fuerte presencia de grupos delictivos, del crimen transnacional y la hegemonía partidista hace que los grandes sectores económicos, corporaciones y gremios financieros establezcan un orden global en donde la transparencia y la rendición se hallan en una crisis de identidad frente a su ejercicio administrativo y tecnocrático (García-Pelayo 1987).
Esta idea nació como consecuencia de una reflexión de talante económico: “la piedra de toque que desató ese proceso fue la globalización de los mercados y la necesidad de contar con mayor y mejor información sobre su verdadero funcionamiento, a partir de las regulaciones y la probidad de cada país” (Gutiérrez 2004). De ahí que los promotores principales de las mejores prácticas de transparencia hayan sido, al menos en un principio, los grandes organismos económicos internacionales, con la OCDE y el Banco Mundial, el FMI y otras organizaciones transnacionales que se han ejercido un poder internacional en las estructuras políticas de los gobiernos en Latinoamérica.
En síntesis, la apuesta que actualmente vive México debe encaminarse en contrarrestar los niveles de violencia, la falta de escenarios críticos y alternos a los que actualmente se presencia, así mismo generar nuevas formas de apropiación de lo público y las relaciones con las entidades estatales.
Puesto que temas como la transparencia y la rendición de cuentas, no pueden ser utilizados como un fetiche, igualmente como un aspecto de legitimidad negatividad hacia la configuración del poder trasnacional; dado que fortalecería las estructuras del poder y su fuerte arraigo con una clase política tradicional, violenta y en algunos casos mafiosa.
Por ende, la apuesta consiste en no sólo quedarse con la parte numérica, sino buscar que se pongan en discusión los procesos administrativos, las funciones públicas y el tránsito hacia una cultura crítica, propositiva y reflexiva en temas como la rendición de cuentas, las políticas públicas y la transparencia, más que discursos, sino como orientación práctica del diario vivir en función de buscar resoluciones a los problemas sociales y la participación activa y crítica de los ciudadanos en el antes, el ahora y el después de las decisiones públicas.
BIBLIOGRAFÍA
Cuervo, J. I. (2007). “Las políticas públicas: entre los modelos teóricos y la práctica gubernamental (una revisión a los presupuestos teóricos de las políticas públicas en función de su aplicación a la gestión pública colombiana)”. Ensayos sobre políticas públicas, pp. 65-95.
Figueroa, J. J. (2014). Algunas consideraciones sobre las políticas Públicas. Acontecer Mundial, ISSN 2347 -O534, Registro DNDA: 5181975, pp. 19-26.
García-Pelayo, M. (1987). Burocracia y tecnocracia y otros escritos. Madrid: Alianza Editorial.
Gutiérrez, R. M. (2004). Innovación gubernamental: el paradigma de Buen Gobierno en la administración del Presidente Vicente Fox. Texas: Fondo De Cultura Económica.
Habermas, J. (2007). La lógica de las ciencias sociales. España: Gedisa.
Ramió Matas, C. (2001). “Los problemas de la implantación de la nueva gestión pública en las administraciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura institucional”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, p. 21.
Rivera, J. A. (2008). Transparencia y democracia: claves para un concierto. IFAI.
Vergara, R. (2007). La transparencia como problema - IFAI. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
* Politólogo Universidad del Tolima (Colombia) Analista político y Columnista. Correo electrónico: Caperafigueroa@gmail.com
